--LA PROTECCION SOCIAL A LA DEPENDENCIA—
Comunicación : Julio Barrera Garcia.
En el XI Euroencuentro presentamos la situación existente entonces sobre este grave problema social y la necesidad de buscarle soluciones cuanto antes, en forma y con reflexiones tranquilas, previendo el ajuste de aquellas a la evolución del envejecimiento de la sociedad, con una natural adaptación a la evolución previsible de la dependencia, sometida a los cambios sociales.
Esta preocupación llevó a CEOMA (Confederación Española de Organizaciones de Mayores) a estudiar el problema y presentar a la Administración Pública un proyecto de ley de bases elaborado por los representantes de más de un millón de asociados reunidos en su VI Congreso.
Fruto de ello ha sido la elaboración de un Libro Blanco por el Gobierno para estudiar el problema planteado y dar los primeros pasos legislativos, adaptados a la organización administrativa de España.
ASPIRACION FORMAL DE UNA LEY DE DEPENDENCIA:
“Nuestra aspiración se puede resumir en la exigencia de la protección que debe de dar la Constitución española a todos sus ciudadanos, por el mismo hecho de ser tales ciudadanos con una cobertura universal obligatoria, pero con el natural derecho de acogerse voluntariamente a una atención sanitaria privada, con algún incentivo fiscal o concierto parcial y graduado según la renta/pensión individual.
La COBERTURA ha de ser para todas las situaciones y para todos los ciudadanos y universal para la situación de gran dependencia, sin exclusión alguna.
La FINANCIACION debe de ser mayor cuanto mayor sea el nivel de dependencia y su grado de severidad del individuo o más débil fuera su situación económica.
Ello llevará a una financiación pública para tal situación de gran dependencia, con los impuestos generales.
Posibilidad de una financiación privada parcial o total,justa, voluntaria y con un incentivo económico, en forma fiscal o la que pueda proceder.”
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SITUACION ACTUAL DE LA LEY DE AUTONOMIA PERSONAL Y DEPENDENCIA
En el mes de julio de 2005 se inició por la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad el trabajo de desarrollo del Libro Blanco para llevar a cabo el proyecto legislativo sobre el sistema nacional de dependencia.
El primer problema está en la igualdad económica de protección, dado que en España, por su organización administrativa en Comunidades, con transferencia de competencias sanitarias, puede dar lugar a que igual grado y causa de dependencia, reciba mejor atención en una Comunidad que otra, por causa de decisión política. Ello exige que el Estado proporcione esa igualdad mínima y se consiga lo mismo en cualquier Comunidad autónoma.
La fórmula del copago exige el establecimiento de unos mecanismos a conocer por el sector privado y usuarios. Esto ha traido consigo opiniones a favor y en contra, al haberse planteado la posibilidad de liquidar el patrimonio de los usuarios para costear las prestaciones que se precisen, debido a la diferencia de valor de tales patrimonios y la expectativa de vida de los mayores de edad o más jóvenes. Por ello se pide que se tenga en cuenta las circunstancias personales de cada dependiente.
CEOMA (Confederación Española de Organizaciones de Mayores) pide prudencia y justicia, pues no se trata de desmantelar a las familias y posibles herederos en el futuro. La prioridad es que el Sistema se financie vía impuestos y con las contribuciones a la Seguridad Social. Se está abierto al copago, pues hoy en día, muchas personas abonan un 70 por ciento de su pensión para una plaza concertada en una residencia y el resto lo paga la Comunidad Autonómica. No se olvida de que el 80 por ciento de los gastos que genera la dependencia recae sobre las familias.
La dependencia grave y severa, con un gran componente asistencial, debe estar íntegramente sufragada por la Administración. Pero otro servicios de apoyo y ayuda a dependientes leves o moderados pueden ser costeados en parte por los usuarios.
Una posición similar es mantenida por otras asociaciones, como la de Edad&Vida, que distingue entre la dependencia grave y severa “ que por su alto contenido sanitario debe recibir prestaciones gratuitas” de las “leves”, en las que debe participar el usuario, según su capacidad económica.
Estas opiniones se hacen sobre una cifra de dependientes en el momento de preparar el Libro Blanco, de más de tres millones y medio de personas que en España tienen algún tipo de dependencia y de los que 1.125.000 sufren dependencia grave y severa.
Más de dos millones de personas mayores de 65 años presentan algún tipo de discapacidad y el 83 por ciento de los cuidadores son mujeres, generalmente amas de casa y con más de 50 años.
Aquí y por experiencia propia hemos podido comprobar lo dicho, viendo como unas personas mayores cuidan de otras personas “más mayores”, lo que nos hace reflexionar en la gran importancia de acudir a solucionar este grave problema social y preguntarnos qué ocurriría dentro de unos años y quien cuidará de estos cuidadores actuales. Más aún :¿Qué puede pasar con la siguiente generación?.
La solución no la vemos tan simple cómo confiar en la inmigración y su aportación social. Ni tampoco buscarla en un voluntariado para casos leves. Es necesaria una ley dotada con suficientes recursos económicos redactada con vistas al futuro.
Hoy, el Gobierno ha previsto elaborar una ley marco de promoción de autonomía personal y atención a las personas dependientes, que garantice el derecho de las personas que no pueden valerse por sí mismas a percibir una serie de prestaciones que mejoren su calidad de vida.
El anteproyecto está ya en marcha para su entrada en la Comisión de estudio del Congreso de Diputados.
El importe estimado de lo que supondrá la implantación del Sistema Nacional de Dependencia es de 12.638 millones de euros, a lo largo de los próximos ocho años, desde 2007 hasta 2015, con cargo –según lo manifestado por el actual Ministro de Trabajo- a los Presupuestos Generales del Estado, sin tocar el superavit de la Seguridad social ni los impuestos, financiado así con la participación de las Comunidades Autónomas y los usuarios, llegando en 2015 a un coste de más de 9.000 millones de euros anuales (el 1 por ciento del P.I.B.).
La aportación del usuario se indica que se calculará en función de su renta y patrimonio y dónde no llegue la aportación exigida al dependiente, su porcentaje lo pondrán al 50 por ciento la Administración General del Estado y el otro 50 por ciento la Comunidad Autónoma.
Es importante destacar que se crearán unos 300.000 puestos de trabajo que, a su vez y por sus cotizaciones sociales e impuestos, generarán un 0,28 por ciento del P.I.B. anual.
La implantación del servicio seguirá un calendario que comenzará el 2007 atendiendo a los grandes dependientes; del 2008 al 2011, se incorporarán los dependientes severos
Y del 2012 al 2015, los dependientes moderados.
El anteproyecto fija un catálogo que va desde la teleasistencia y la ayuda a domicilio hasta los centros de día y las residencias para dependientes.
En los momentos en que escribimos esta nota ya se ha presentado el anteproyecto de ley y se incorporarán a su texto algunas orientaciones y cambios recomendadas por el Consejo Económico y Social y la intención es que el texto esté aprobado por el Consejo de Ministros en el mes de marzo para iniciar el trámite parlamentario.
Al llegar a CEOMA (Confederación Española de Organizaciones de Mayores) el borrador del anteproyecto, hace unos días, se ha emitido el 18 de este mes un estudiado informe con una serie de observaciones para que lleguen a la Comisión parlamentaria y sean posibles de atender con la intención de conseguir la mayor perfección, previsión y atención al dependiente, antes de transformarse en Proyecto y luego en Ley.
Madrid, 25 de febrero, 2006
Julio Barrera García.Asambleista de la Agrupación por España.
Fuentes de información: Proyecto de Ley de Bases para la
Protección social a la Dependencia. CEOMA, VI Congreso.
Mesas redondas.
Libro Blanco.
Borrador del Anteproyecto.
